Así defendió Montero rebajar las penas a delincuentes sexuales: «Llama la atención, pero es necesario»

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha atacado este miércoles a los jueces tras conocerse varias sentencias que reducen las penas por la aplicación de su Ley del sólo sí es sí. Montero incluso ha acusado a los magistrados de prevaricar al considera ella que aplican «de forma defectuosa» esta norma. La ministra lleva meses negando en público que su polémica ley estrella -cuyos efectos fueron ya advertidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)- fuese a suponer una merma de las penas para los agresores sexuales. Sin embargo, un informe de su propio departamento sí admite esta reducción. Incluso afirma que es «necesaria» para unificar las penas por abusos y agresiones sexuales.

La Memoria del Análisis de Impacto Normativo que fue remitida al Congreso de los Diputados durante la tramitación de la ley examina el «marco penológico» de la nueva norma y concluye que «con la reforma, a primera vista, se produce una rebaja de la pena» del tipo básico del delito de agresiones sexuales -de 1 a 5 años a 1 a 4 años-, «porque ése va a ser a su vez el límite mínimo del delito de violación». «Teniendo en cuenta que en ese delito de violación se van a incluir conductas que antes eran de abuso sexual cualificado -por acceso carnal o introducción de miembros u objetos-se puede entender que no se debería configurar una pena mayor que la que tiene actualmente este delito de abuso». El informe añade que es necesario «ser coherente con la idea de modificar pero no necesariamente agravar la pena del actual delito de abuso».

Por otro lado, también reconoce que «puede llamar la atención que se rebaje el límite mínimo del delito de violación, que pasa de los 6 años actuales a 4 años». «Sin embargo, esta rebaja resulta necesaria por el hecho de incluir en el nuevo delito de violación conductas que vienen siendo castigadas hasta ahora por el delito de abuso sexual con acceso, con una pena mínima de 4 años de prisión», prosigue Igualdad.

El informe señala, además, que «el hecho de que el delito agravado de agresiones sexuales vea ligeramente rebajada su pena encuentra su justificación, por una parte, en la necesidad de respetar el límite mínimo que tenía el abuso agravado y, por otra parte, en el hecho de que actualmente el salto de pena entre el tipo básico de agresión sexual (prisión 1-5 años) y el tipo agravado de agresión sexual (5-10) puede resultar excesivo o desproporcionado». En este sentido, concluye, «parece razonable que la pena del tipo agravado se encuentre entre los 2 y 8 años de prisión».

Igualdad también admitió la rebaja en los casos de agresión sexual a menores de 16 años con acceso, cuya pena mínima pasa de los 8 a los 6 años de cárcel. En este caso, justificó que «se reducen los límites mínimos porque conductas en las que no medie violencia ni intimidación, pero que podrían ser calificadas como agresión sexual, pasan a estar incluidas en el tipo agravado del tipo con acceso».

«En cuanto al límite mínimo, en congruencia con un mayo abarcamiento de conductas en el tipo, ha de reducirse, al igual que es lógico que dicha reducción se produzca también en el caso de que exista acceso, pero la conducta no cuente con elementos del tipo del 178», se recoge. «Además, se reduce así el excesivo salto punitivo que supondría en la regulación actual pasar de la pena de prisión de 2 a 6 años del abuso sexual a una pena de prisión de 8 a 12 años en abuso con acceso».

Condenas

Este martes han trascendido varios casos en los que se han rebajado las condenas impuestas al aplicarse la Ley del sólo sí es sí. De momento, han supuesto la rebaja de cuatro condenas que ya eran firmes y de otra que estaba en fase de recurso. También ha provocado que la primera sentencia dictada teniendo en cuenta la nueva ley imponga una pena más baja a la prevista hasta la entrada en vigor de la reforma de los delitos sexuales impulsada por Montero. 

Los magistrados han aplicado rebajas de hasta cinco años de cárcel a sentencias que ya eran firmes. El Código Penal indica que «tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo».

En uno de los casos, la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid ha revisado una sentencia emitida el pasado mayo en la que se condenaba a un hombre a seis años, nueve meses y tres días de prisión por tres delitos de abuso sexual -uno de ellos a una menor de 16 años- y por un delito de posesión de pornografía.

En otro caso, los magistrados de la Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid han revisado la pena impuesta a un hombre que fue condenado por sentencia firme en mayo de 2021 y han rebajado la pena «de ocho a seis años de prisión» por ser «más favorable al reo», que abusó de la hija de su pareja sentimental, que en ese momento tenía 13 años.

Aviso del CGPJ

El CGPJ ya avisó en febrero de 2021 en su informe a esta ley del sólo sí es sí que su aprobación provocaría la revisión a la baja de las condenas. Los vocales que redactaron el documento alertaron que la norma podría «tener el efecto de desprotección a las víctimas» y se mostraban en desacuerdo con la idea de la creación, en el artículo 178 Código Penal, de una única categoría delictiva de agresión sexual, que aglutinaba las categorías de agresión sexual y la de abusos sexuales. En palabras de los ponentes, esa modificación «es un error».

Los jueces destacaron que la norma podría «tener un efecto de desprotección de las víctimas, pues para el sujeto activo del delito no tendrá mayores consecuencias si emplea un medio comisivo más lesivo que otro de intensidad menor».

Ataque de Montero

La ministra de Igualdad, que se ha mantenido en silencio en los primeros momentos de la polémica por su ley del sólo sí es sí, se ha pronunciado este miércoles para atacar a los jueces, evitando cualquier responsabilidad.

«Naciones Unidas nos alerta de que el machismo pueda hacer que haya jueces que apliquen de forma defectuosa una ley, que la interpreten erróneamente y que además ese machismo compromete la imparcialidad y la integridad de los sistemas de justicia, y eso se trabaja con formación obligatoria, que es lo que prevé esta ley», ha despachado Montero. La ministra aseguró durante meses que no habría reducción de penas con la norma. Incluso atribuyó las críticas a la «propaganda machista».